Vaivenes políticos

Finalmente, el 18 de marzo, la vicepresidenta, Rosario Murillo, reportó el primer caso de COVID-19: un hombre de 40 años, procedente de Panamá, quien estaba bajo tratamiento “responsable y cuidadoso”, aseguró Murillo; empleando una frase que seguiría escuchándose en cada reporte, dado a sus 6.5 millones de habitantes.

Para esa fecha, Costa Rica registraba ya su primer deceso; mientras, El Salvador informaba sobre su caso número uno por el nuevo tipo de coronavirus, SARS-Cov-2, causante de la infección respiratoria COVID-19.

Las autoridades fijaron una conferencia de prensa semanal, los martes, a las 10 a. m., para los periodistas de medios oficiales, quienes escuchaban los confusos reportes, en absoluto silencio, dados por el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, la mayoría de las veces.

Pronto, comenzaron los vaivenes políticos: el 1 de abril, el presidente, Daniel Ortega, trasladó a la ministra de Salud, Carolina Dávila, a un puesto de asesora; mientras, la directora de Vigilancia de la Salud de esa cartera, Martha Reyes, asumió ese cargo.

En sus pocas apariciones, la doctora Reyes solo mencionaba “brotes de casos a través de contactos claramente establecidos”, sin reconocer que, desde el 25 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó a Nicaragua entre los países con transmisión comunitaria del nuevo tipo de coronavirus.

Contra el oscurantismo

En una emergencia sanitaria, cargada de silencios, las redes sociales y la prensa opuesta al régimen pusieron al descubierto imágenes, como los denominados “entierros express”: fallecidos con evidentes síntomas de COVID-19; pero, registrados como decesos por “neumonía típica” o “trombosis pulmonar”; entregados, en ataúdes sellados, bajo la advertencia de que su entierro debe realizarse durante las siguientes cuatro horas.

También, mostraron las largas filas de familiares de pacientes, en las afueras de los hospitales, en busca de información sobre el estado de salud de quienes ingresaron con síntomas sospechosos de COVID-19.

Ante la necesidad de romper el oscurantismo, reconocidos profesionales nicaragüenses conformaron el Comité Científico Multidisciplinario y el Observatorio Ciudadano de Covid-19, a finales de marzo, a fin de guiar a una población que se cuida por su cuenta, muchas veces, a merced de la venta de curas milagrosas e informaciones falsas que circulan, por las redes sociales.

El comité brinda información médica y científica sobre prevención del virus y cómo lidiar con un contagio; por su parte, el observatorio levanta bases de datos sobre los casos de COVID-19, ante la ausencia de números confiables por parte de las autoridades.

De hecho, los contrastes con los datos oficiales eran considerables al cierre de edición, este 25 de julio: mientras el Minsa reportaba 3.439 casos acumulados y 108 fallecidos, al 21 de julio; el Observatorio Ciudadano casi triplicaba la cifra con 8.755 “casos sospechosos verificados” y 2.349 “muertes sospechosas por covid-19”, términos usados en su informe del 22 de julio.

De esos números, el Observatorio Ciudadano contabilizó 724 miembros del personal sanitario con síntomas asociados con la COVID-19, junto a 96 muertes sospechosas por esa infección, al 15 de julio; fecha cuando se mantenía el reclamo por la falta de implementos de protección para estos colaboradores.

Silencio oficial

Bajo este crudo panorama, médicos, científicos y otros profesionales nicaragüenses se agruparon para alzar su voz, desde la disidencia; mientras, el Gobierno se escudaba en comunicados confusos, leídos en dos o tres minutos.

“-Ante una consulta de Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades- no contestaron que era una definición de caso para Nicaragua. No contestaron si establecieron una evaluación de riesgo del impacto de la pandemia, en Nicaragua. No contestaron cuáles eran sus estrategias de salud pública. No contestaron si elaboraron un perfil epidemiológico-clínico de cara a la epidemia”, criticó el epidemiólogo, Álvaro Ramírez, en declaraciones dadas a Conexión Centroamericana, desde Finlandia; donde analiza datos, estudios y atiende consultas de sus colegas de la salud y de los medios de comunicación.

“El Gobierno nunca tuvo una estrategia para contener la pandemia”, subrayó Ramírez, exdirector del área de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, en los años noventa, momento cuando encabezó las estrategias para lidiar contra la epidemia de cólera que golpeó a su país.

Con él, coincidió el biólogo molecular y vicerrector de la Universidad Centroamericana, Jorge Huete, quien criticó el bloqueo de información sobre las zonas donde hay mayor circulación del virus y el mal manejo de las pruebas para detectar los casos positivos.

“En los países más desarrollados, existen plataformas estables que funcionan de rutina para estas emergencias (…) Los menos desarrollados, no siempre cuentan con estructuras conformadas, sin embargo, suelen constituir comités de expertos específicos para determinados temas: ha resultado un desacierto, inexcusable, que las autoridades nacionales no hayan conformado un grupo de expertos que informara y asesorara sobre los riesgos y las posibles maneras de enfrentar la pandemia, salvaguardando la vida de la ciudadanía”, respondió, Huete vía correo electrónico.

Despedido por promover el cubrebocas

Uno de los cinco infectólogos de los hospitales públicos de Nicaragua e impulsor del Comité Científico Multidisciplinario, Carlos Quant, se volvió muy conocido con un video viral, donde aparece explicando el uso correcto del cubrebocas, entre otros mensajes que lo convirtieron en el blanco de ataques y críticas de los medios oficiales del Gobierno.

Finalmente, el 4 de junio, el infectólogo fue escoltado hasta la salida del hospital público Manolo Morales, despedido del centro donde trabajó por 25 años:

“Estaba consciente del riesgo laboral y personal porque llevábamos un discurso opuesto al gubernamental y eso no gustó a las autoridades de salud; viniendo de alguien, quien forma parte de este sistema. Para el Gobierno, el ser disonante, disidente del discurso oficial, es intolerable.”, detalló Quant.

“Creo en la ciencia al servicio de la humanidad, en las estadísticas, como herramienta predictiva para tomar decisiones. Tenía la esperanza de que, en el marco de nuestro trabajo colaborativo, nuestra voz fuese escuchada por el Gobierno, por el Ministerio de Salud”, agregó a Conexión Centroamericana.

Quant indicó que las autoridades apuestan a la inmunidad de rebaño: “Ocurrirá como con las epidemias del dengue, el chikungunya y el zika, se agotaron los susceptibles a enfermarse y, así, se contuvieron estas epidemias; pero, el COVID-19 es más letal, tristemente, esto va significar muchos muertos”, auguró el infectólogo, uno de los más de 20 galenos despedidos de centros públicos.

Acto simbólico, con mascarillas

Conexión Centroamericana solicitó una entrevista con la Ministra de Salud, Martha Reyes, a través del único correo electrónico habilitado para consultas de prensa (dirprensa@minsa.gob.ni); pero, no hubo ninguna respuesta, al cierre de edición.

Por su parte, el gobierno de Daniel Ortega mantiene su férrea postura de no brindar información, ni atender consultas, sobre la pandemia.

De hecho, por segunda ocasión –la primera de ellas, en abril–, Ortega cumplió más de 30 días sin aparecer públicamente, en medio de la crisis sanitaria; finalmente, este 19 de julio, volvió a escena en la celebración número 41 de la Revolución Sandinista, en la llamada plaza de la revolución.

Aunque la pareja Ortega-Murillo nunca ha reconocido el gran riesgo pandémico, los protocolos seguidos en el evento demostraron todo lo contrario: por primera vez, se les vio usando cubrebocas, al igual que todos sus ministros y un amplio grupo de la Juventud Sandinista, cuyos asientos fueron ubicados a una prudente distancia.

Si bien, la actividad entró en la categoría de evento masivo; como nunca antes, el acto más simbólico para el sandinismo se realizó sin convocar al pueblo, que desborda ahora los hospitales.