Ministro de Salud a la defensiva

A la fecha, el Gobierno se ha negado a conformar mesas técnicas de especialistas y a escuchar otras opiniones. Incluso, el Presidente optó por desprestigiar a las voces disidentes.

“La Asociación Salvadoreña de Infectología ha puesto a disposición sus conocimientos y colaboración; pero, desafortunadamente, no hemos sido llamados. Aquí, ha prevalecido el criterio político, en un 80%, y el médico-técnico, en un 20%,”, sostuvo su presidente, Mario Gamero.

Ese criterio, lo comparte el académico e investigador de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo Jao: “Una característica es la ausencia de criterio científico (…) casi todo se hace por impulso político”, planteó  Picardo, a quien el presidente Bukele lo llamó “loco” e “imbécil”, tras presentar la estrategia, Cerco Epidemiológico Inteligente, a fin de cortar los contagios.

Para los especialistas, resulta inaceptable la ausencia de una vigilancia epidemiológica activa, en las comunidades, dada la experiencia del personal sanitario con las campañas contra el sarampión y la influenza, en ese país centroamericano de 6.4 millones de habitantes.

A las críticas, el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, devolvió la brasa a sus detractores: “Decir u opinar que esto es un tema político, pues, habría que hacerles la misma pregunta a ellos”, respondió el jerarca, en una breve declaración dada a Conexión Centroamericana.

Alabí calificó como “un error” afirmar que existe un manejo político de la crisis sanitaria, en las pocas palabras dadas, este 9 de junio, tras esperarlo a la salida de un canal televisivo, ante la falta de respuesta a la solicitud de entrevista gestionada con su encargado de Prensa.

Nadie conoce a sus asesores médico-científicos; el Ministro solo ha indicado que contrató a expertos venezolanos, en declaraciones dadas a medios de comunicación.

Ante este silencio, a finales de abril, el Colegio Médico de El Salvador lanzó el Observatorio Médico Covid19; mientras la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad de El Salvador,  la Escuela Superior de Economía y Negocios y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social conformaron el Observatorio Covid-19.

Una atropellada cuarentena

Como su principal medida sanitaria, el 11 de marzo, el presidente Bukele decretó una cuarentena obligatoria, en todo el país, lo cual implicó la suspensión de clases y el cierre del aeropuerto internacional, a fin de evitar contagios.

Diez días después, en una cadena televisada, rodeado de su gabinete y del delegado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para El Salvador, el mandatario justificó su decisión con una proyección matemática de 3.145.728 de casos, al 20 de mayo; cálculos que fueron duramente criticados por expertos de centros universitarios.

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Con el cierre de fronteras, solo los nacionales podían ingresar a esa nación y, luego de sellar sus pasaportes, eran enviados a centros de contención para su cuarentena; sitios a donde también fueron llevados a quienes acusaron de violar el aislamiento domiciliario, el más estricto decretado en El Salvador.

Luego de casi tres meses de encierro, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y de falta de transparencia en el uso de los recursos, concluyó el confinamiento de la población salvadoreña, el 14 de junio, tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de su Corte Suprema de Justicia.

La resolución de 90 páginas declaró la ilegalidad de los decretos emitidos por el Gobierno y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, para dar un supuesto marco legal a la cuarentena. En sus conclusiones, los magistrados pidieron a ambos Poderes de la República tomar acuerdos, a fin de emitir una ley para atender la pandemia.

Reapertura por decreto

Durante seis días, el Gobierno y la Asamblea pasaron en discusiones sin poder consensuar una ley sobre la cuarentena obligatoria, entre otras medidas; en medio de ese debate, el 14 de junio, el Presidente emitió un polémico decreto ejecutivo, dando paso a la primera de cinco fases de la reapertura económica.

Así, una parte de los salvadoreños dejaron el confinamiento para incorporarse a labores productivas, como la construcción, manufactura textil y electrónica, entre otras actividades, contempladas en esta primera fase.

El 7 de julio, fecha fijada para la segunda fase de reapertura, el Gobierno comunicó que sería reprogramada, hasta el 21 de ese mes, la razón: los casos habían aumentado en casi un 50%; mientras los decesos, en un 80%, durante esas tres semanas de una mayor libertad económica, según confirma la revisión de los datos oficiales.

El Poder Ejecutivo culpó a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legal, de esos números, por traerse abajo la cuarentena obligatoria, en una discusión marcada por visiones partidistas.

Al cierre de edición, el 25 de julio, ese país registraba 14.630 casos acumulados —un 42% en su capital, San Salvador— con 390 fallecidos, según las cifras del Ministerio de Salud de El Salvador.

La alta rotación de pacientes presiona a los hospitales salvadoreños. Foto: MINSA.

Oídos sordos a la ciencia

Antes de esta avalancha de casos —El Salvador está en la lista de países con transmisión comunitaria—, los dos observatorios y la Asociación Salvadoreña de Infectología de El Salvador abogan por una vigilancia epidemiológica activa, en los municipios con más reporte de enfermos.

“Estamos claros que —el aislamiento— es una medida; pero, no tiene que ser la única: la vigilancia activa es la que va a evitar que se siga contagiando la gente (…) No podemos cerrar completamente el país y no hacer nada más; si van hacer cuarentenas, tienen que ser focalizadas y eso está contemplado en el Código de Salud”, dijo el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela.

“El problema es que le hemos dado prioridad al sistema de atención de tercer nivel —hospitalario— y no al primario —en la comunidad— (...) Pensar que nos van a mantener en cuarentena hasta cuando el virus desaparezca no es un concepto médico adecuado”, sostuvo el infectólogo, Iván Solano Leiva, miembro de la Asociación Panamericana de Infectología y de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología.

Para los entrevistados, el Gobierno debió apostar por hospitales de campaña, junto al Hospital de El Salvador, exclusivo para COVID-19; cuya primera ala fue inaugurada, por Bukele, el 21 de junio, luego de tres meses de obras.

Con una inversión de $25 millones de dólares estadunidenses, el centro solo cuenta con 105 camas de cuidados intensivos y 295 de cuidados intermedios —de las 2.000 anunciadas, al finalizar los trabajos, en agosto—, las cuales comenzaron a llenarse, de inmediato, dado el inminente colapso del sistema hospitalario salvadoreño.