Marcela Cantero V.
Conexión Centroamericana
En minutos, un rancho de horcones se convirtió en el estratégico lugar para colocar sillas a dos metros de distancia, cada una; otra al centro para la toma de muestras; una mesa con los insumos para el hisopado y una más para las dos computadoras portátiles, a fin de llevar los registros del tamizaje.
Nueve personeros de salud, se dividían las labores, uniformados con sus trajes de protección, bajo una temperatura de 34 grados centígrados, característica de Nicoya, localidad de la provincia de Guanacaste, en la costa Pacífica de Costa Rica.
En su barrio San Martín, la fila para el testeo sumaba unos 58 vecinos y 14 funcionarios sanitarios de ese sector, en apariencia, sanos y libres del virus, todos con mascarillas y dispuestos a realizarse el examen, ese 9 de julio; una labor que permitió detectar a 10 pacientes positivos.
La búsqueda activa de enfermos de COVID-19 es una de las estrategias sanitarias de las cuales echó mano Costa Rica, país que enfrenta su segunda ola pandémica navegando en medio de una población cansada de los mensajes de permanecer en casa, retando al virus con festejos sociales y con una tasa de desempleo disparada —un 20,1% a mayo— e informalidad que arroja a muchos a las calles a buscar su sustento, a pesar de los bonos de ayuda de un Gobierno con un tope de presupuesto.
“En Nicoya, hemos tenido casos porque una familia decide organizar una fiesta. Con decisión, les digo que es una gran irresponsabilidad jugar con la vida de todos y presionar de esa forma al sistema de salud por pasarla bien unas horas”, indicó, la doctora Sugeylin Castillo Salas, a cargo de los datos epidemiológicos y parte del equipo que realizó los muestreos del Área de Salud de Nicoya de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Mientras avanzaba la fila de voluntarios, en Nicoya, ese 9 de julio; desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicaba que Costa Rica entraba a la lista de países con transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, causante de la infección respiratoria COVID-19.
A diferencia de otras naciones, Costa Rica superó su primera ola pandémica con titulares positivos, en la prensa internacional, por registrar la más baja tasa de letalidad de América Latina, un 0.85%, con 6 fallecidos y 705 enfermos al 28 de abril, según los datos oficiales.
Al cierre de edición, el 25 de julio, dicho indicador descendió a un 0.67%; pero esto se debió a que los 98 decesos registrados resultaban una pequeña proporción ante el escandaloso incremento de los contagios: 14.600 casos acumulados, de los cuales, un 74% presentaba la infección activa y, de ellos, un 6% requería hospitalización.
“Tenemos 293 hospitalizados: 242 en salón y 51 en cuidados intensivos; recordemos que comenzamos julio con seis —pacientes— en cuidados intensivos”, reportó el presidente ejecutivo de la CCSS, el bioquímico Román Macaya, ese día, en la habitual conferencia de prensa.
Durante la relativa calma de la primera ola pandémica, desde el 6 de marzo, cuando Costa Rica reportó el primer caso, hasta finales de mayo, la CCSS reconvirtió un hospital de rehabilitación en un centro exclusivo para COVID-19, el cual llegó al límite de ocupación de sus 88 camas, en el segundo embate; luego, acondicionaron pisos completos, en diferentes hospitales, lo cual brindó un margen adecuado para la demanda registrada, al cierre de este reportaje.
Por su parte, como epidemiólogo y salubrista, el ministro de Salud, Daniel Salas, repetía la importancia de “recuperar el rastreo de los casos” para aislar a los infectados; lo cual se vino abajo en varios puntos calientes del país, principalmente, en sectores de su capital, San José, debido a la avalancha de contagios de la segunda ola.
Conexión Centroamericana gestionó una entrevista con Salas, sin embargo, al cierre de edición, su jefa de Prensa, Ilse Chango, informó sobre la imposibilidad de abrir un espacio dada “la agenda complicada en el marco de la situación que enfrenta el país”.
La primera nación de Centroamérica en registrar un caso de COVID-19 y la última en alcanzar la fase de transmisión comunitaria, con 5.1 millones de habitantes, Costa Rica puso en su primera línea a salubristas, epidemiólogos, médicos y científicos en las estrategias ante la pandemia.
Para el 16 de marzo, su Gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional con cierre de fronteras; suspensión del curso lectivo —la enseñanza sigue a distancia—; prohibición de eventos masivos; fomento al teletrabajo; restricciones en la apertura de comercios y en la circulación de vehículos, clausura de visitas a playas y parques nacionales, últimas medidas que variaron con el proceso de reapertura.
Si bien no hubo confinamiento masivo, los pacientes infectados sí debían cumplir cuarentenas y se insistía a la población en el #quedateencasa, entre otras directrices sanitarias.
Pese a todas esas restricciones, llegó la sentencia de transmisión comunitaria de la OMS, ese 9 de junio; al día siguiente, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el Ministro de Salud anunciaron que se aplicaría “el martillo”: un cerco epidemiológico para la zona central del país —un 27% de los nuevos casos provenía de sectores de su capital—, entre otras áreas de mayor riesgo de infecciones, como localidades de la frontera con Nicaragua.
Dentro del cordón sanitario hubo severas restricciones de movilización vehicular, de transporte público, cierres de entidades públicas y comercios, a fin de disminuir las salidas de esta población, bajar los contagios y permitir al personal sanitario recuperar el seguimiento de cada uno de los infectados.
“El baile y el martillo” fue la figura empleada por el Mandatario cuando anunció el proceso de reapertura de la economía, el 11 de mayo, para indicar que las actividades comerciales volverían a retomarse, en cuatro fases graduales, eso sí, vigilando el avance de la epidemia.
Sin embargo, luego de un baile de casi dos meses, el pico de casos de la segunda ola aguó la fiesta comercial: los lugares con alto riesgo de infecciones no entraron a la fase tres y se endurecieron las restricciones —martillo—; en el resto de sectores, sí se continuó con la apertura —baile—.
Especialistas consultados por Conexión Centroamericana enumeraron aspectos que pudieron incidir en el desbordamiento de los contagios y, aunque reconocen que los salubristas y científicos han tenido un rol clave, consideran que existe un pulso con la presión político-económica.
“Están muy equivocados, quienes creen que todo se va arreglar abriendo la economía, en todas las actividades —muchos sectores presionan por ello—; si eso se hace, la pandemia va a tener tintes muy feos y la economía no va mejorar porque la gente no va salir de la casa”, apuntó el demógrafo, salubrista y economista, Luis Rosero, fundador del Centro Centroamericano de Población, con sede en la capital costarricense.
Para el coordinador académico de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional de Costa Rica, Juan José Romero, el Gobierno adelantó la apertura económica y obvió los cordones sanitarios.
“El ministro Salas ha estado en estira y encoge con todos los sectores de poder económico del país; sé que viene abogando por cordones sanitarios desde hace una a dos semanas atrás —a la decisión de aplicar el martillo—”, dijo, Romero, quien fuera profesor del jerarca de Salud.
A juicio de la infectóloga y exministra de Salud, María Luisa Ávila, Costa Rica no tuvo una reapertura tan fuerte, como otros países: “La salud no solo es ausencia de enfermedad, en este caso, ausencia de COVID-19; la gente también necesita trabajar, tener salud financiera y poder cumplir con los requerimientos familiares y sociales”, expresó, Ávila, quien coordinó la atención sanitaria de la pandemia de AH1N1, en el 2009, con el actual Ministro Salas, como pieza clave de su equipo.
De hecho, la primera ola golpeó a un grupo con recursos económicos para cumplir con las cuarentenas; frente a un segundo embate que afectó a familias con ingresos limitados, nacionales y extranjeros; pero, desde estratos altos, hasta bajos, todos, pecaron en organizar fiestas que dejaron enfermos e, incluso, muertos.
“El perfil cambió con focos calientes en la parte Norte, fronteriza con Nicaragua, ligados a transportistas —que cruzan fronteras— y, por el otro lado, trabajadores agrícolas, principalmente, indocumentados (…) Existe la hipótesis de que muchos venían infectados de Nicaragua y caían en lugares con alto hacinamiento, condiciones infrahumanas de vida que propiciaron una rápida diseminación del virus; pero, al mismo tiempo, hubo un desplazamiento, hacia el Área Metropolitana, a sectores de alta densidad poblacional, hacinamiento y pobreza”, explicó Romero.
Aclaró que esta hipótesis puede explicar la primera parte de la segunda ola; pero, no significa que los extranjeros enfermaron a los costarricense: “Tenemos las fiestas y el desorden —de los nacionales— que empujaron los casos (…), además, son ticos quienes están esclavizando a esa gente —en las fincas agrícolas—”, sentenció.
Los datos refuerzan las palabras del epidemiólogo Romero: un 61% de los casos de COVID-19 corresponden a nacionales y un 39% a extranjeros, según el reporte del 25 de julio, cierre de esta edición.
Para el demógrafo, Luis Rosero, el enfoque de las autoridades en la población migrante, desvió la atención del avance silencioso del virus, en el centro del país:
“Mucha gente creyó que esto no era un problema de los costarricenses, sino de los migrantes, entonces, puedo hacer lo que quiera, puedo salir, irme de fiesta, en fin”, dijo.
A la lista de fallas, en las decisiones sanitarias, Rosero sumó haber dejado de lado el uso de mascarillas, por lo cual abogó por meses, debido a la evidencia sobre el impacto positivo de esa medida —su uso fue obligatorio hasta finales de junio—.
“¿Es reversible esta crisis?” Los expertos dan esperanzas; pero advirtieron que mitigar esta ola exige medidas sumamente estrictas, sobre todo, enfocadas a evitar un colapso hospitalario; junto a una población activa en el cuidado de su salud y, aunque todo eso se cumpla, señalaron que nada frenará el camino andado: cientos de casos nuevos se sumarán a la lista y, con ellos, crecerá el número de muertos.
Este proyecto forma parte de la serie Historias Sin Fronteras y ha sido posible gracias al apoyo de la organización periodística, InquireFirst, y el Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes.